Honduras: Golpe de estado desde la perspectiva constitucional

Policia en Honduras , Foto Harald Neuber
Foto: Harald Neuber

September 3, 2009
RESTAURACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, MANUEL ZELAYA ROSALES, DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Por Dr. rer.pol. Roberto Martínez Castañeda, Embajador de Honduras en la República Federal de Alemania (Berlín) y la Unión Europea (Bruselas XI/09 )

I.Golpe de Estado y Usurpación de Gobierno.

1. El 28 de junio de 2009, por orden de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, y con base en una orden de captura y un expediente judicial fabricados a posteriori, el ejército de Honduras asaltó violentamente la residencia personal del Presidente de la República, Manuel Zelaya (electo democráticamente para ejercer la Presidencia durante cuatro años), enfrentándose a tiros con su guardia personal, ametrallando su casa de habitación y poniendo en riesgo a su familia, capturándolo, secuestrándolo, y posteriormente expulsándolo, por la vía aérea, aún en su ropa de dormir, hacia Costa Rica.

2. Unas horas después, con base en una renuncia falsificada, el Congreso de la República proclamaba Presidente de la República al rector del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, y al día siguiente se anuncia a la Nación hondureña y al mundo que Micheletti Baín es Presidente de Honduras, con base en una supuesta “sucesión constitucional”.

3. A partir de estos acontecimientos, a todas luces violatorios de las normas constitucionales y jurídicas vigentes en Honduras, y que también violentaron los derechos fundamentales y personales del Presidente Constitucional, se plantea ahora, a partir de la firma del Acuerdo Tegucigalpa San José acaecida el 30 de octubre, la restauración del Presidente Constitucional, retrotrayendo la situación al 28 de junio, fecha del golpe de Estado.

Desde un inicio el Gobierno de facto instaurado por la asonada militar del 28 de junio, ha rehusado reconocer:

a) que los acontecimientos del 28 de junio constituyen un golpe de Estado, y
b) que el nombramiento de Micheletti Baín a la Presidencia por parte del Congreso de Honduras, es ilegal.
c) que en consecuencia el gobierno lo es de facto, usurpador y sin ningún título de legalidad.

Lo argumentos a favor de la posición del gobierno de facto pretenden que la destitución del Presidente Constitucional Zelaya fue legal, que ocurrió una sucesión constitucional, y que el gobierno en consecuencia “es constitucional”.

II Brutalidad de Origen.

1. Podemos empezar por plantear que el primer “acto” realizado por este gobierno, el asalto a la casa del Presidente, su secuestro y expulsión, es un acto de carácter bárbaro y vandálico, más propio de mafias y cárteles narcotraficantes, que de políticos demócratas.

2. Este acto constituye el pecado original del gobierno de facto. Desde el punto de vista del derecho, no solamente es un acto criminal procesable y punible por la ley, sino que todo los actos que posteriormente se desprendieron de él son, como consecuencia, no solo actos ilegales y nulos, sino actos teñidos de la misma violencia y barbarie originarias de la asonada militar.

3. De esta manera el régimen militar y dictatorial de Micheletti y sus empresarios se ha visto obligado a recurrir a la realización permanente de actos de violencia, para poder permanecer en el poder.

4. Esta violencia ha sido ejercida en contra de un pueblo en resistencia pacífica, como grupo: represión violenta de manifestaciones públicas, disolución de reuniones de todo tipo y persecución brutal de las personas expresándose en oposición política y defensa de la Constitucionalidad, a todo los cual da derecho y fundamento la Constitución de la República de Honduras en su Artículo 3.

5. Por otra parte, así como se violentó desde el primer momento los derechos personales fundamentales del Presidente de la República, al acusarlo sin oportunidad de defenderse y sin presunción de inocencia, al expulsarlo del país violenta e indignamente, en violación de la Constitución que expresa que ningún hondureño podrá ser expulsado de su país por ningún motivo, asimismo desde el primer momento las personas, los individuos opuestos al régimen, han sido víctimas de vejaciones constantes, violaciones a sus derechos humanos y de todo tipo, con un saldo de cien personas muertas, además de cientos de heridos, torturados y encarcelados.

6. Este es el saldo de la “sucesión constitucional” como la dictadura dió en llamar el “ascenso” de Micheletti a la jefatura del Estado.

7. Las consecuencias para la pobre Honduras de esta brutalidad, se han reflejado en su aislamiento total de la comunidad internacional, la condena del golpe militar por parte de la OEA, ONU, UE, UNASUR, ALBA, y Países no-alineados; la suspensión de Honduras de la OEA, y el permanente reconocimiento al régimen legítimo y a Manuel Zelaya y los funcionarios que le representan, como válidos ante todos los países y organismos internacionales.

III. La “destitución” de Manuel Zelaya por el Congreso Nacional.

Examinando más de cerca la sustentación “legal” de la remoción del Presidente Constitucional, debemos observar con detenimiento que hay un “Decreto de Destitución” del Presidente.

Este Decreto se emitió a partir de una amañada reunión, prácticamente clandestina, del Congreso Nacional, en donde hasta el día de hoy no ha podido determinarse con exactitud quienes fueron los diputados presentes, ni cuantos de ellos estaban presentes en la sesión.
Esto en si sería suficiente para declarar nulo el Decreto. Pero antes de llegar a esa conclusión leámos el texto de esta “obra maestra” de la violación constitucional:

El Congreso Nacional decide destituir al Presidente Constitucional a través del Decreto Legislativo No. 141-2009 que dice así:

ARTICULO 1. El Congreso Nacional en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 40, numeral 4), 205, numeral 20, y 218, numeral 3, 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República acuerda:

1) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, por las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales; y,

2) Separar al ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras.

ARTICULO 2. Promover constitucionalmente al ciudadano ROBERTO MICHELETI BAIN, actual Presidente del Congreso Nacional, al cargo de Presidente Constitucional de la República, por el tiempo que falte para terminara el período constitucional y que culmina el 27 de enero del año 2010.

ARTICULO 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación de los dos tercios de votos de los miembros que conforman el Congreso Nacional y en consecuencia es de ejecución inmediata.

Las palabras clave de este Decreto son Improbar, separar y promover.

Veámoslas por separado.

Policia en Honduras
Foto: Harald Neuber

Improbar:

La improbación de la conducta de cualquier funcionario del Estado no es potestad del Congreso Nacional, sino del poder judicial, y no puede realizarse sino previas las acciones legales que corresponden, es decir a partir de juicio incoado en su contra.
Frente a este juicio es evidente que el imputado será presumido inocente hasta que le sea probado lo contrario. Despues del debido proceso es que el Poder Judicial podría improbar la conducta del funcionario, y deducir consecuencias por medio de una sentencia válida. Aquí el Congreso Nacional está abrogándose funciones que no le corresponden a él, sino a otro Poder del Estado.

Separar:

El Presidente de la República es electo por voto igualitario y secreto del pueblo hondureño por un período de cuatro años. No existe ninguna previsión en la Constitución de la República que permita el “impeachment”, como ocurrió con Nixon en los Estados Unidos de América, ni muchísimo menos una disposición que faculte al Congreso de la República para destituir el Presidente, bajo ningún supuesto.
Si se considera que el Presidente, o cualquier otro funcionario, ha violado la Ley, debe seguirse el debido proceso para declararlo con lugar a formación de causa, someterlo a debido proceso, y probar la supuesta violación de la Ley.

Promover:

• Este término en el contexto de la remoción ilegal de un Presidente, sería divertido si no hubiese tenido consecuencias tan trágicas. En primer lugar “promover” implica mejorar. Es totalmente absurdo pretender que pasar de ser el Presidente de un poder del Estado a otro sea una promoción. Esto implicaría considerar el Legislativo como inferior al Ejecutivo, lo cual es ridículo en la forma republicana de Gobierno.
• El Congreso evidentemente, al carecer de facultades para destituir el Presidente, aún menos las tiene para “promover” a su titular a la Presidencia e la República. Aquí el Congreso se abroga facultades que solo tiene el pueblo hondureño. Como si no bastara, dice “promover constitucionalmente”, cuando está claro que la Constitución no le otorga en ninguna de sus partes esta facultad al Congreso de la República.

El gran jurista hondureño Edmundo Orellana Mercado comenta con respecto a este Decreto lo siguiente:

• “Este Decreto Legislativo no resiste ningún análisis jurídico. Contiene tantas violaciones a la Constitución como disposiciones comprende.”

• Es muy importante visualizar el procedimiento seguido –aunque sea ilegal- para justificar la remoción del Presidente Zelaya. Particularmente porque afecta su restitución. Hay un principio en Derecho que reza que “lo decidido en derecho se deroga de la misma manera en que se aprobó”.

El Diálogo Guaymuras y Acuerdo Tegucigalpa San José:

1. Con base en el acuerdo de San José, propuesto por el Presidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz, Óscar Arias, se inauguró, a instancias de la comunidad internacional, un diálogo entre el régimen golpista de Micheletti y el Gobierno legítimo del Presidente Zelaya.

2. Su primer punto plantea, inequívocamente, la restitución sin condiciones en la Presidencia de la República, del Presidente Constitucional y legítimamente electo para ello: Manuel Zelaya, como condición para la restauración de la condición constitucional y de legalidad en el país.

3. Originalmente aceptado por los golpistas con el objeto de proveér una apariencia de estar dispuestos al diálogo para resolver pacíficamente el diferendo surgido por la brutal violación constitucional del 28 de junio, fue utilizado para promover dilatorias y complicaciones retóricas, con el objeto de lograr llegar en fecha (29/XI/09) a la realización de las elecciones generales en Honduras.

4. Estas elecciones ya habían sido condenadas al desconocimiento total por parte de la comunidad internacional, pues al ser realizadas bajo un régimen militarizado, sin supervisión internacional y con el evidente objeto de legitimar y continuar el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Constitucional, no podían ser válidas. Unicamente serían reconocidas con Manuel Zelaya restituido en la Presidencia de la República.

5. Hace unas semanas llegó el momento en que la comisión del Presidente Zelaya, cansada de las dilatorias y triquiñuelas del régimen de facto, declaró el diálogo como fracasado. Pero una reciente intervención de la comunidad internacional, liderada por la OEA y el Dpto. de Estado Americano obligó a los golpistas, ya totalmente aislados por la comunidad internacional, a aceptar esta restitución.

6. La declaratoria del diálogo como fracasado se operó precisamente en torno al procedimiento de la restitución. El dictador Micheletti insistía en que la Corte Suprema debía decidir, y la comisión de Zelaya planteaba que debe hacerlo el Congreso Nacional.

7. La oportuna intervención de la comunidad internacional logró precisamente definir que el Congreso Nacional, en sesión a realizarse el martes tres de noviembre de 2009, deberá “retrotraer el ejecutivo a su situación previa al 28 de junio”...en otras palabras, más sencillas, resituir en su cargo de Presidente Constitucional de la República a Manuel Zelaya Rosales.

8. De lo expuesto se deduce, y es enteramente lógico, que corresponde al Congreso Nacional, deshacer la monstrousidad jurídica realizada por ellos mismos con el ilegal e inconstitucional “Decreto” de destitución del Presidente Zelaya, dado el 28 de junio.

9. La restitución del Presidente Zelaya es el único acto que puede garantizar las condiciones mínimas y constitucionales para celebrar las elecciones generales del 28 de noviembre, condiciones que permitan que las mismas sean reconocidas por la comunidad internacional.

10. Esperemos y celebremos que esto ocurrirá el jueves cinco de noviembre de 2009, al reasumir la Presidencia de Honduras su legítimo Presidente Constitucional, Manuel Zelaya Rosales, sin más dilaciones ni manipulaciones por parte del grupo que organizó este golpe de Estado, de consecuencias tan negativas para Latinoamérica, y tan trágicas para el pueblo hondureño.

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